Una transición política en Venezuela resulta más incierta en 2020 que hace un año al tomarse en cuenta los intentos fallidos de cese de la usurpación en 2019, las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos[1], que se superponen en contra del régimen de Maduro, así como la crisis de la gasolina y el Covid-19, todo lo cual podría amenazar la permanencia del régimen ante un posible estallido social o un golpe de Estado (Barráez, 2020a; Barráez, 2020b; Delgado, 2020; Moleiro, 2020).

No obstante, existen dos propuestas para una transición democrática en Venezuela. La primera es el Plan País, enfocado en reformas económicas (Asamblea Nacional, 2019). La otra, fue anunciada recientemente por Mike Pompeo. Esta contempla la constitución de un Consejo de Estado y el levantamiento condicional de todas las sanciones de Estados Unidos vinculadas a Venezuela (Departamento de Estado, 2020b).

La segunda propuesta representa una reconfiguración institucional de una transición por transacción (Gill, 2000), pues, a pesar de la igualdad en el poder de voto del PSUV y los partidos políticos que apoyan a Juan Guaidó en los nombramientos de 4/5 miembros de tal Consejo, en la práctica, ante una sociedad civil débil, la iniciativa de liberalización y la dirección de la transición recaería predominantemente en las élites reformistas del régimen (burocráticas y militares), seguidos por los partidos que apoyan a Guaidó.

En una transición por transacción estos últimos partidos incluso serían susceptibles a la cooptación en el marco de pactos y negociaciones (Gill, 2000), con el objetivo, por ejemplo, de levantar las sanciones mediante la constitución de un gobierno aparentemente democrático, pero que no rinda cuentas.

Las cooptaciones ya han ocurrido, de hecho, como se evidenció en un suceso catalizador de las divisiones, la debilidad y el descrédito que han afectado a la oposición desde fines de 2019: la elección fraudulenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que convirtió a Luis Parra en su presidente, quien había sido acusado en diciembre de 2019, junto a otros diputados opositores, de corrupción respecto a un contratista del CLAP sancionado por Estados Unidos (Armando Info, 2020; Guanipa, Berwick & Armas, 2020; Lorenzo & Hernández, 2020).

Por otro lado, no ha sido presentada aún una estrategia política integral que plantee la necesidad del fortalecimiento y articulación de la sociedad civil venezolana en vista de que este tipo de actor juega un rol fundamental para alcanzar la democratización de un Estado, de acuerdo con Gill (2000), un experto en democratización[2], y autores en el campo de la resistencia civil.

Por consiguiente, consideramos propicio el debate abierto y el análisis comparativo de la historia y las teorías sobre democratización en búsqueda de las claves del éxito y el fracaso de otras naciones en esta materia.

La Primavera Árabe, en este sentido, como serie de resistencias pacíficas y violentas que ocurrieron en un conjunto de países árabes, desde Marruecos hasta Omán, con la finalidad de alcanzar transiciones políticas o reformas en sus regímenes autoritarios, puede ser aleccionadora para Venezuela a nivel sociopolítico, debido a las semejanzas entre las relaciones Estado-ciudadanos de las sociedades árabes y la venezolana del siglo XXI, como veremos, en contratos sociales típicamente rentistas[3] o clientelares[4].

La Primavera Árabe se extendió desde Túnez hacia un conjunto de países de la Península Arábiga y el norte de África desde que M. Bouazizi se inmolase como signo de protesta ante la arbitrariedad de un oficial de policía tunecino en diciembre de 2010, pero en la mayoría de los casos las expectativas de democratización que había generado acabaron en frustración e incluso en guerras civiles (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Khair, 2012).

Así pues, el objetivo de este ensayo es analizar las lecciones que se infieren para la democratización de Venezuela de una aproximación a las razones sociopolíticas del fracaso la Primavera Árabe, para lo cual utilizaremos referencias documentales sobre las causas y consecuencias de la Primavera Árabe y realizaremos un análisis comparativo. Adoptamos, asimismo, como enfoques teóricos orientadores del análisis, la concepción general de Tilly (2012) sobre la democratización, definida como un movimiento neto hacia la consulta amplia, equitativa y mutuamente vinculante entre sus ciudadanos y el Estado (Tilly, 2012, p.14); y de Gill (2000) y autores en el campo de la resistencia civil, para el análisis del papel fundamental de la sociedad civil en las democratizaciones.

Para alcanzar su objetivo, este ensayo comprende tres secciones; en la primera se analiza el contexto de la Primavera Árabe; seguidamente se presenta una aproximación de las razones sociopolíticas de su fracaso (sociedad atomizada, sectarismo y resistencia civil incipiente); y en la última sección se analizan las lecciones inferidas de la sección anterior y con base en los enfoques teóricos del ensayo, para la democratización de Venezuela. Finalmente se presentan la conclusión y las referencias de esta investigación.

1.   Contexto de la Primavera Árabe

En general, la geopolítica de Medio Oriente desde finales del siglo XX ha estado caracterizada por el uso del petróleo como medio de poder y de estabilización de los Estados y, por otro lado, por las  de los Estados árabes contra Israel y la competencia por la hegemonía regional entre Arabia Saudí, como potencia representante de la rama predominante del Islam (sunismo), e Irán, como la representante de la minoritaria (chiismo), una vez Irak redujo sus bases materiales por las invasiones de Estados Unidos, como recientemente evidencian las proxy wars de Siria y Yemen (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Elbadawi & Makdisi, 2017; Kadher, 2018; Mather, 2014).

Estados Unidos, secundado en parte por sus aliados europeos en la OTAN, ha tenido por política en Medio Oriente el apoyo a Israel y la protección de las rutas energéticas, como se evidencia en su provisión de ayuda internacional y un trato comercial favorable a Estados que han hecho la paz con Israel, como Egipto y Jordania (Mather, 2014; Winckler, 2013), favoreciendo su rentismo[5], y en su firma de acuerdos militares con Arabia Saudí, la principal monarquía petrolera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (Gwertzman, 1974).

La geopolítica de Medio Oriente llevó a Occidente (Estados Unidos y aliados europeos en la OTAN) a tener una actitud cauta respecto a los movimientos de resistencia y pro-democráticos de la Primavera Árabe más allá de Libia, en la cual se consideró bajo el costo militar y humanitario de la intervención contra un régimen adverso, en comparación con la invasión de Irak (Byman, 2013); Siria, pugnada geoestratégicamente por potencias revisionistas como Irán, Rusia y China, además de ser un terreno en el cual podría haberse desestabilizado más aún la pugna geopolítica en Medio Oriente al inmiscuirse Turquía, Arabia Saudí e Israel (Byman, 2013); y Egipto, en el cual interpretaron que los militares dirigirían la transición tras la renuncia de Mubarak (Byman, 2013; Cruz del Rosario& Dorsey, 2016), cambiándose el líder pero no el sistema, a la vez que se apaciguaba la resistencia pacífica (Mather, 2014).

Por otro lado, si bien el petróleo no es el único motor de las economías árabes, este ha sido el principal rubro de exportación en las últimas décadas en aquellos países con poca producción de petróleo, como Yemen, Siria y Egipto, y esto ha obstruido el desarrollo de un sector manufacturero exportador que haga más interdependientes estas economías tanto entre sí como con mercados como el Mercado Común Europeo (Malik & Awadallah, 2012; Winckler, 2013), y coadyuvado una política rentista y clientelista de subsidios a los combustibles, alimentos y un cuantioso gasto público destinado a las fuerzas de seguridad y la provisión de empleo (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Winckler, 2013).

Al contar con la renta de la exportación de petróleo o la asistencia internacional de las monarquías del CCG, Estados Unidos y el FMI, así como los flujos de remesas provenientes principalmente de tales monarquías, desde la década de 1970 (Malik & Awadallah, 2012; Mather, 2014; Winckler, 2013), antes de la Primavera los Estados árabes habían alimentado el sectarismo, rentismo y clientelismo para debilitar a sus sociedades civiles y bloquear la rendición de cuentas y el surgimiento de la democracia.

Empero, la volatilidad del petróleo en los mercados globales entre 2009-11, tras la crisis financiera de 2008, favorecería la Primavera Árabe. Las economías no petroleras como Egipto, Túnez, Jordania y Marruecos, experimentaron un aumentó la inflación y el desempleo, y redujeron los subsidios y la IED occidental (Mather, 2014), mientras que en las monarquías del CCG mermaron las inversiones que demandaban mano de obra extranjera, lo que significó menos remesas para los primeros, su principal fuente de divisas desde  los 80s (Malik & Awadallah, 2012; Winckler, 2013).

  El mayor problema socioeconómico para los Estados árabes había sido reducir a través del gasto público un creciente desempleo, dado el crecimiento demográfico que habían estado experimentando desde la década de 1980, el cual afectó mayoritariamente a la juventud, caracterizada por ser educada y estar politizada contra los arbitrariedad, la corrupción y la desigualdad social encabeza por autócratas veteranos como Ben Ali, Mubarak y Gadafi, y que representa la mayor parte de la población (Malik & Awadallah, 2012; Mushtaq & Afzal, 2017; Winckler, 2013).

Los Estados árabes no petroleros no contaban con suficientes recursos para aliviar la baja de movilidad social que experimentaban, al menos desde este milenio, las clases medias y bajas que los apoyaron, un problema causado por la falta de empleo público, en países del CCG o la UE (Malik & Awadallah, 2012; Winckler, 2013).

Finalmente ello motivó las acciones colectivas (resistencia pacífica) de los tunecinos contra su régimen autoritario, cuyo líder, Ben Ali, como en Egipto, había incumplido el contrato social autoritario, estallando la Primavera Árabe con el detonante de la inmolación de Bouazizi.

A pesar de que en este último país las instituciones económicas no habían sido extractivas –antes implementó reformas según lineamientos del FMI, desde mediados de 1970, y se desarrollaron las manufacturas y los servicios-, continuaba la expectativa social de que el Estado garantizaría beneficios clientelares a cambio de la transacción de derechos políticos (Boughzala & Romdhane, 2017; Malik & Awadallah, 2012; Winckler, 2013).

La parte II de este ensayo será publicada pronto en nuestra página web.

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Notas de pie de página

[1] Entre estas podemos destacar las personales, como el congelamiento de activos en Estados Unidos y retiro de visas (Congreso de Estados Unidos, 2020), semejantes a los congelamientos de activos y prohibiciones de vuelos contra 25 funcionarios venezolanos extendidas, junto con un embargo de armas, por la UE hasta noviembre de 2020 (Associated Press, 2019). Varios cargos de narcotráfico y corrupción acompañan estas sanciones (Departamento de Estado, 2020a).Asimismo, existen sanciones generales. El bloqueo de los activos e intereses PDVSA que implica la Orden Ejecutiva 1350 del 28 de enero de 2019; la prohibición, por Orden Ejecutiva 13884, del 05 de agosto del 2019, de que personas de Estados Unidos realicen transacciones con el gobierno de Maduro, excepto las autorizadas por la OFAC, así como a personas que sin ser de Estados Unidos asistan o apoyen financieramente al gobierno de Maduro (Congreso de los Estados Unidos, 2020); las sanciones sobre Rosneft y la prohibición de que Chevron para producir petróleo en Venezuela en la licencia general de la OFAC del 21 de abril de 2020 (Olmo, 2020; Egan, 2020).

[2] Gill (2000) analiza exhaustivamente los enfoques teóricos sobre la democratización, centrados mayoritariamente en el papel de las élites, según el estado del arte de la época, y su análisis histórico abarca las transiciones a la democracia ocurridas en Latinoamérica, Europa y el Este de Asia entre las décadas de 1970-1990, como parte de la “Tercera Ola de Democratización” en palabras de Huntington (1991, citado en Gill, 2000).

[3] Existe una amplia literatura sobre el rentismo o rent-seeking. Se puede concebir como la búsqueda de la distribución preferencial de ingresos nominales sin que se agregue valor (renta), provenientes de la riqueza pública y generalmente acumulados por la exportación de minerales, lo que implica un inversión de tiempo y dinero de los particulares que desvía recursos con usos potenciales eficientes –por ejemplo, para la diversificación económica a partir del desarrollo de sectores transables no extractivos, como  el manufacturero, que, cuando se presenta la enfermedad holandesa se contraen al perder competitividad dada la apreciación cambiaria el aumento eventual de las importaciones, así como por el desplazamiento de sus factores  productivos a sectores no transables- para la satisfacción desigual de intereses privados; esto es, hacia el clientelismo o llanamente la corrupción (véanse Ochoa, 2008; Malik & Awadallah, 2012; Stevens, 2015; Tilly, 2012; Rodriguez & Rodriguez, 2013 ; Urbaneja, 2013).

[4] El clientelismo en este ensayo remite a regímenes autoritarios, salvo mención contraria, para aludir las redes de interacción jerárquicas pero relativamente voluntarias y legítimas (en contraste cuando se perciben como corrupción) por las cuales sus autoridades públicas, no sujetas a rendición de cuentas, ofrecen, a través de intermediarios, bienes materiales, favores burocráticos y protección especial a grupos de interés (por ejemplo, con contrataciones públicas, controles de cambio, aranceles y subsidios) a cambio de apoyo político y asistencia, u obtienen consentimiento, apoyo político o lealtad de sectores sociales vía distribución de bienes y servicios públicos (mediante subsidios a los combustibles y los alimentos, empleos, etc.) (véanse especialmente Ochoa, 2008; Scott, 1972 citado en Hicken, 2011; Rodriguez & Rodriguez, 2013; Winckler, 2013; Yagui, 2019).

Estas redes, son consensuadas y legítimas conforme son partes del contrato social, por lo tanto, son dinámicas e incluso las acciones colectivas de los “clientes” pueden romper el contrato social que las integra, como muchos autores sostienen que ocurrió al estallar la Primavera Árabe (Ruiz, Schwards & Weipert-Fenner, 2019).

[5] Malik & Awadallah (2012) clasifican la ayuda internacional recibida por estos Estados árabes como una fuente de renta, al igual que las remesas, mientras que Winckler (2013) analiza estas como recursos externos, provenientes principalmente de las petro-monarquías del CCG y de Occidente, para sostener el contrato social árabe autoritario. Para un análisis de la relación entre asistencia internacional y rentismo, puede consultar un artículo seminal de Svensson (2000) (https://projects.iq.harvard.edu/gov2126/files/1632.pdf)