Una aproximación a las razones sociopolíticas del fracaso de la Primavera Árabe

Para leer la primera parte de esta investigaciòn: https://ceinaseg.com/el-ocaso-de-la-primavera-arabe-lecciones-para-la-democratizacion-de-venezuela-parte-i/

Sociedad atomizada[1]

El contrato social árabe tradicionalmente desarrolló mecanismos de control social para asegurar la neutralización o supresión de centros independientes del poder de sus regímenes autoritarios. 

En tales Estados, al menos hasta que estalló la Primavera Árabe, tampoco había rendición de cuentas y una sociedad civil suficientemente fuerte[2] como para negociar y acordar un contrato social que legitime al gobierno para el ejercicio democrático y por consiguiente transitorio de la soberanía popular (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Tilly, 2012; Winckler, 2013).

A través de mecanismos de distribución de rentas, clientelismo y en menor medida represión, este contrato ha desarrollado redes de dependencia de las poblaciones de monarquías del CCG respecto al Estado, y en países árabes no petroleros, pues el Estado es el mayor proveedor de empleo, financiamiento y el actor económico que impide el desarrollo de instituciones cívicas autónomas y sus tecnologías (ONG, partidos políticos, empresas privadas, medios de comunicación independientes, internet, etc.), así como de un sector económico privado amplio e integrado regionalmente (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Khair, 2012; Malik & Awadallah, 2012).

A nivel intelectual, antes de la Primavera los Estados árabes habían neutralizado la influencia de los intelectuales, lo cual incentivó su emigración a Estados petroleros del CCG, y cooptado o reprimido particularmente a la izquierda (Mather, 2014; Sakbani, 2015).

Los Estados árabes como Egipto, Siria, Marruecos y Yemen años antes de la Primavera Árabe crearon ONG humanitarias, socavaron la formación de partidos políticos y censuraron medios de comunicación internacionales independientes como BBC y Al Jazeera, así como las redes sociales, especialmente durante las revueltas (Batstone, 2014; Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Mushtaq & Afzal, 2017).

Una vez estallaron las protestas en Túnez  y Egipto, y renunciaron consecuentemente Ben Ali y Mubarak, las monarquías del CCG, no obstante, recurrieron rentísticamente a la expansión del gasto público, y excepto por Bahréin- intervenido militarmente por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para suprimir las protestas chiitas y la amenaza de expansión de la resistencia- no tuvieron que reprimir constantemente y sufrieron mayores presiones civiles para liberalizarse (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; El-Affendi, 2017).

 En contraste, Marruecos y Jordania, Estados no petroleros, implementaron políticas clientelistas para aplacar las protestas que demandaban reformas estructurales (Khair, 2012; Winckler, 2013), accediendo a realizar algunas reformas políticas[3].

Sectarismo[4]

Las desigualdades sectarias y sus respectivos privilegios en el contrato social de los países árabes, sea por motivos religiosos (sunitas, chiitas, no musulmanes o creyentes), étnicos e incluso regionales (como entre Tripolitana, tradicionalmente opositora a Gadafi, y Cirenaica) indujeron:

  1. Una falta de unidad nacional para la resistencia cívica por la democracia, incluso cuando se había roto “la barrera del miedo” (Khair, 2012), lo que significó salir a protestar y no cooperar con un régimen autoritario; y
  2. La ausencia de deserciones decisivas de las fuerzas de seguridad, más allá de su origen en las estratagemas de los regímenes autoritarios como la cooptación, los cuerpos de seguridad paralelos y mercenarios. Estas no apoyaron resistencias civiles en casos como Bahréin, país de mayoría chiita pero con fuerzas armadas mayoritariamente pakistaníes sunitas apoyadas por Arabia Saudí y los EAU; y Siria, gobernada por una etnia chiita como la alawita, que solo constituía el 11% de la población en 2011, pero que ha dominado las fuerzas armadas por décadas (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Sakbani, 2015).

En el caso de una transición inicialmente exitosa de la Primavera Árabe, como Libia, el Consejo Transitorio Nacional que sucedió al régimen tribalista de Gadaffi, no mitigó el vacío de poder y la debilidad institucional que dejó la prolongada dictadura, y el poder se dividiría entre milicias de diversas etnias, agudizándose la ingobernabilidad del país, la pérdida de capacidad estatal[5] y la ausencia de instituciones públicas inclusivas, todo lo cual desdemocratizó al Estado (Batstone, 2014; Khair, 2012; Sakbani, 2015; Tilly, 2012).

Por su parte, en Egipto, los Hermanos Musulmanes pretendieron imponer la ley Sharia a sectores sociales marginalizados como las mujeres y los cristianos coptos, e incluso socavaron las aspiraciones de una mayoría secular que en más del 70% se abstuvo de participar en el referéndum constitucional que convocó dicho partido (Mather, 2014; El Mikawy et.al., 2017).

Fue así como perdió su framing post-islamista y el apoyo de la población para la constitución de un gobierno secular o post-islámico; a saber, con principios musulmanes pero democrático, ya que los secularistas observaron entonces el incumplimiento de sus promesas democráticas y su alineación con el partido islamista Al-Nour (Hoyle, 2016).

Los efectos del sectarismo también se hicieron patentes en las guerras civiles de Siria y Yemen, en las cuales Irán ha apoyado a Al-Assad y a los Hutíes, grupo insurgente del norte de Yemen predominantemente chiita, mientras que Arabia Saudí, respectivamente, ha apoyado a los islamistas opositores de Al-Assad e intervino en Yemen junto a EAU contra los Hutíes tras el derrocamiento en 2015 de Hadi (Khair, 2012; McKernan, 2018; Sakbani, 2015).

Resistencia civil inconsistente

A pesar de que en muchos Estados árabes se rompió con “la barrera del miedo” (Khair, 2012), la resistencia cívica o no-violenta fue, a lo sumo y excepto por Túnez, inconsistente.

En Estados como Siria, Yemen y Libia, lo que comenzó como protestas pacíficas devino en guerras civiles alimentadas por el sectarismo y la intervención de potencias extranjeras, incluyendo jugadores estratégicos globales, como Estados Unidos y Rusia (Sakbani, 2015; Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016).

El cambio de la estrategia de la resistencia no-violenta a la lucha armada les sirvió a las dictaduras mencionadas de justificación para suprimir la oposición, como sucedió en Siria a pesar de las defecciones del régimen y advertencias de su Foro de Coordinación sobre el uso de la violencia  (Ackerman & Merriman, 2019; Khair, 2012).

Pero, ¿por qué emprender una campaña de resistencia no violenta para liberarse de un régimen autoritario? Básicamente, interpretando que el poder se basa en el consenso y no es algo que alguien detenta (Ben, 2008), la ventaja del uso de las campañas de resistencia civil es que tienen mayor probabilidad de éxito (53%) para objetivos maximalistas como un cambio de gobierno, expulsión de fuerzas coloniales y auto-determinación que las campañas violentas (26%), de acuerdo con el análisis cuantitativo de 323 campañas de resistencia entre 1900 y 2006 realizado por los expertos Chenoweth & Stephan (2008).

El éxito de la resistencia civil contra regímenes autoritarios subyace en que rompen la percepción de legitimidad del régimen, cuentan con un liderazgo estratégico, que mantienen la cohesión (Khair, 2012) y la disciplina no cooperativa en un despliegue secuenciado y que va más allá de las protestas (desobediencia de las leyes injustas, huelgas, paros, boicots, etc.) y lo comunican interna y externamente, aun ante una severa represión, de tal forma que es seis veces más probable que alcancen el éxito que si la campaña fuera violenta (Stephan & Chenoweth, 2008).

Otros autores respaldan el análisis previo, incluso al abordar el caso de la Primavera Árabe (Batstone, 2014; Braatz, 2014; Khair, 2012; Pinckney, 2018).

En este sentido, existen más incentivos para que la resistencia civil provoque un cambio de lealtades entre los pilares de apoyo de un gobierno autoritario, como sus fuerzas de seguridad, burocracia y sectores de negocios, que las campañas violentas, pues los costos domésticos e internacionales de la represión de una campaña pacífica son mayores que el de hacerlo contra insurgentes violentos (Chenoweth & Stephan, 2008; Popovic, S., et.al., 2007).

 De hecho, las fuerzas de seguridad pueden desertar y transferir su lealtad a grupos de oposición no violentos con más facilidad que si fuera el caso de una campaña de grupos armados, lo cual hace que es fundamental dado pues representa un 46% de probabilidad de éxito de la campaña de resistencia frente aquellas en las que no se producen (Chenoweth & Stephan, 2008).

Asimismo, varios análisis recientes sobre la resistencia civil arrojan conclusiones positivas respecto a la probabilidad de éxito de la resistencia civil como estrategia para alcanzar una transición democrática, y una democracia más duradera y de mayor calidad, frente a la lucha violenta y las transiciones por transacción (liberalización dirigida por las élites) (Pinckney, 2018)[6].

Ahora bien, cuando la resistencia pacífica forzó la renuncia de dictadores y la celebración de elecciones libres durante la Primavera Árabe, como Túnez y Egipto, la formación de un gobierno democrático conllevó serias dificultades.

En el caso de Egipto, las políticas sectarias y arbitrarias que pretendían imponer los Hermanos Musulmanes a través de la ley Sharia, llevaron a la atribución por decreto de Muhammad Morsi, aún como Presidente, de las competencias legislativas, mientras se agravaban problemas económicos, como en el sector turismo, dada la incertidumbre (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Mather, 2014; Winckler, 2013).

Muhammad Morsi

El otro problema que provocó el golpe de Estado contra Morsi, su único presidente “democrático”, fue que en la transición los militares seguían siendo un poder arbitrario y autónomo respecto a la burocracia (civil), y por consiguiente, antidemocrático. Más aún, los militares controlaban cerca del 30% de la economía y millardos de dólares en una partida no incluida en el presupuesto nacional (Belli, 2004, citado en Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016).

Si bien es cierto que es más factible que una transición política sea democrática cuando es originada por la resistencia civil que por otra estrategia, como ocurrió en Egipto, especialmente por las huelgas (El Mikawy et.al, 2017), el papel de la sociedad civil en las democratizaciones no se limita a ello.

De acuerdo con Gill (2000), la sociedad civil presiona por la liberalización ante un régimen dividido; orienta la transición en un sentido democrático, vía discusión pública, medios de comunicación y manifestaciones; mantienen el curso democrático de la transición, desestimulando a los radicales entre sus filas y apoyando a las élites reformistas del régimen; les proveen a las élites del régimen un socio con quien negociar, que asegure la aplicabilidad de pactos, incluyendo las garantías de salida de esas élites; y son los ciudadanos quienes fundamentan un régimen democrático estable al impugnar las cuestiones públicas y organizar autónomamente sus intereses.

De acuerdo con Gill (2000), la sociedad civil presiona por la liberalización ante un régimen dividido; orienta la transición en un sentido democrático, vía discusión pública, medios de comunicación y manifestaciones

Asimismo, Pinckney (2018), sostiene que los retos de la resistencia civil para democratizar un país son: i) mantener la movilización de la sociedad civil durante la transición democrática, principalmente a través del ejercicio de derechos políticos y civiles, para que los decisores rindan cuenta conforme se crean las nuevas instituciones del país y la democratización no sea, de lo contrario, probablemente, limitada; y ii) evitar que el radicalismo callejero, particularmente sectario, de la resistencia desvíe la transición en tanto el Estado se des-democratiza y en última instancia es inestable.

La transición no pudo seguir un curso democrático, ya que la sociedad civil de Egipto no pudo fortalecerse para proveerle un socio con el cual negociar a las élites del régimen distinto a los Hermanos Musulmanes, lo que conllevó políticas de desigualdad, su constitución como un poder arbitrario y su amenaza existencial a los intereses de las élites militares y los sectores de negocios. Tampoco hubo una movilización social significativa para sustituir este liderazgo.

Una vez dicha élite partidista islámica empezó a amenazar el presupuesto de las fuerzas de inteligencia y afectó más aún la economía con sus pretensiones de imponer la ley Sharia, la resistencia civil de Egipto demostró su inconsistencia y los liberales reclamaban la renuncia de Morsi y conspiraban, dándole la oportunidad a los militares de llevar a cabo un golpe de Estado y ser aún más represivos, dado el chivo expiatorio del islamismo de los Hermanos Musulmanes y la amenaza yihadista propia del Sinaí y las guerras sectarias de la región (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; El Mikawy et.al., 2017; Pinckney, 2018).

Por su parte, en Túnez el principal problema para su democratización, compartido por Egipto, fue la tendencia islamista del gobierno parlamentario que sucedió a Ben Ali. Aunque Ennahda respondía a una ideología y una base de apoyo más secular o post-islámica que los Hermanos Musulmanes, y en contraste no tuvo problemas de counterframing o denuncias de su doble moral inicialmente por parte de los demócratas seculares (Hoyle, 2016; Winckler, 2013), y luego de tres años sin alcanzarse un acuerdo para una nueva constitución, la resistencia civil retornó a Túnez (Boughzala & Romdhane, 2017).

Asamblea Popular de Tunez

En contraste con Egipto, la sociedad civil tunecina, incluyendo partidos con representación parlamentaria, presionaron a aquellos partidos islamistas que formaban parte de la troika liderada por Ennahda, para que se llegaran a tales acuerdos y se evitara la islamización del Estado y la segmentación de la sociedad, lo cual consiguieron en 2014 y se consolidó cuando Ennahda transfirió pacíficamente el poder a un partido secular como Nida Tounes tras nuevas elecciones y repetidos intentos de construir la unidad entre los secularistas (Boughzala & Romdhane, 2017). Tras asegurar una transición por reemplazo del régimen anterior, siguiendo a Gill (2000), gracias a la movilización continua y los pactos de ciertas garantías, los ciudadanos tunecinos siguen siendo gobernados democráticamente (Boughzala & Romdhane, 2017; Freedom House, 2020).

Sociedad civil de Tunez

Para leer la primera parte de esta investigaciòn: https://ceinaseg.com/el-ocaso-de-la-primavera-arabe-lecciones-para-la-democratizacion-de-venezuela-parte-i/

La última parte de esta serie investigativa se publicará pronto. Mantente al tanto de nuestras redes.


Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.


[1] De acuerdo con Gill (2000), una sociedad atomizada es aquella “en la que no hay organizaciones públicas independientes que permitan a los ciudadanos seguir sus intereses independientemente e incluso en contra del régimen (…) No existe control popular de los gobernantes” (p.119).

Sin embargo, para efectos de este ensayo y como será patente, este concepto es un tipo ideal weberiano, cuya magnitud varía según el contexto en el que se describa, pudiendo existir un mínimo de organización de la sociedad civil, como en Egipto y Marruecos, y eventualmente desarrollarse un amplio grado de pluralismo en sus organizaciones.

[2] Siguiendo a Gill (2000) y a Pinckney (2018) deducimos que una sociedad civil es fuerte o débil en función de la magnitud de su organización autónoma o independiente del Estado permitida por organismos públicos independientes, así como su activismo político legítimo en defensa de una diversidad de intereses e identidades colectivos, incluso contra el Estado.

[3] Por ejemplo, el monarca de Marruecos cedió más competencias constitucionales al Primer Ministro, celebrándose elecciones libres, y en la monarquía de Jordania se introdujeron algunas reformas constitucionales (Cruz-del Rosario & Dorsey, 2016; Khair, 2012).

[4] En este ensayo este término se entiende como un conjunto de valores identitarios, actitudes y prácticas sociopolíticas intransigentes, suma-cero, divisivas o excluyentes, las cuales, de forma semejante a la polarización extrema, no permiten consensuar un contrato social estable, orientado por el interés común de los ciudadanos (incluyendo las minorías) y valores compatibles con la resolución pacífica e institucional de controversias, la inclusividad democrática y el desarrollo socio-económico del Estado.

Asimismo, también lleva la connotación de sectarismo el radicalismo callejero, en el que según Pinckney (2018:59), los activistas por la democracia puede seguir unas bases de unidad exclusivas y sectorizadas, una actitud suma-cero hacia la política, con tácticas disruptivas no-violentas principalmente fuera de los canales políticos institucionales (ejercicio de derechos políticos y civiles) y cuya meta es tomar el gobierno en el corto plazo

Lo anterior contrasta, siguiendo a Sartori (1976), con el pluralismo, que implica la inclusión política y la aceptación social de muchas asociaciones voluntarias de adscripción múltiple.

[5] Este concepto se vincula con el de gobernanza. Según Tilly (2012), la capacidad estatal es “la extensión por la cual las intervenciones de los agentes estatales en recursos no-estatales existentes, actividades, y conexiones interpersonales alteran las distribuciones existentes de esos recursos, actividades, y conexiones interpersonales, así como también las relaciones entre esas distribuciones” (p.15).

Si el Estado no cuenta con la capacidad, los medios para ejecutar y supervisar decisiones producto de la consulta amplia, equitativa y mutuamente vinculante en su interacción con el ciudadano, la democracia es inviable, debido a la existencia de poderes arbitrarios y autónomos fuera y dentro del Estado, sobre todo coercitivos, que no están subordinados al control de la burocracia (civil), incluyendo grupos armados, élites militares y redes clientelares, y en consecuencia limitan el control efectivo de las políticas públicas sobre el Estado (territorio, población y gobierno) y dificultan la influencia popular en la formulación de las políticas públicas.

Esta influencia está constituida por la incidencia de la consulta ciudadana y sus demandas expresas sobre las decisiones del Estado (Tilly, 2012), por ejemplo en materia de protección y prestación de servicios públicos.

Por otro lado, la alta capacidad estatal conlleva, según Tilly (2012:15), el riesgo de que las decisiones estatales aplasten la consulta de las demandas del ciudadano, e incluso “inevitablemente” incentiva a los gobernantes a usar la capacidad estatal para conservar posiciones de poder, seguir sus propios programas y recompensar a quienes los apoyan (Tilly, 2012:59).

No obstante, a largo plazo, el aumento de la capacidad del Estado y la democratización -que siempre involucra movilización popular dado que la democracia implica la negociación del consenso respecto al ejercicio del poder concentrado del Estado (Tilly,2012:59)-, se refuerzan entre sí (Tilly, 2012).

[6] Por ejemplo, Chenoweth & Stephan (2011, citados en Pinckney, 2018) demostraron que es 10 veces más probable que la resistencia civil lleve a una transición democrática que la lucha violenta; Pinckney (2018:32) indica que 74% de las campañas de resistencia civil alcanzan una transición política democrática frente al 29% de las transiciones producto de la violencia o dirigidas por las élites –que denominamos transiciones por transacción, siguiendo a Gill (2000)-; y las transiciones democráticas originadas por la resistencia civil son de mayor calidad (Bethke and Pinckney 2016, en Pinckney, 2018) y en promedio de mayor duración (47 años) que aquellas conducidas por élites (9 años) y las originadas por la lucha violenta (5 años), según un estudio de Bayer, Bethke, and Lambach, (2016 citados en Pinckney, 2018).

 

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Nelson Figueira
Graduando de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Miembro investigador de CEINASEG. Preparador de Historia de las Relaciones Internacional I y mejor promedio de su escuela en 2018 y 2019. Sus líneas de investigación son sobre transiciones políticas en el Medio Oriente y el Norte de África y cooperación internacional.