Lecciones para la democratización de Venezuela

Para leer la primera parte y segunda parte de esta investigación: https://ceinaseg.com/el-ocaso-de-la-primavera-arabe-lecciones-para-la-democratizacion-de-venezuela-parte-i/

https://ceinaseg.com/el-ocaso-de-la-primavera-arabe-lecciones-para-la-democratizacion-de-venezuela-parte-ii/

Como se ha podido observar e inferir, el petróleo ha sido el elemento característico de muchas de las exportaciones de las economías árabes desde su independencia, así como el recurso clave directa o indirectamente (asistencia financiera internacional y remesas) para que los regímenes árabes sostengan un contrato social rentista o clientelista por el cual sus poblaciones transan derechos políticos por bienes y servicios, favores y protección estatal especial.

El petróleo también ha sido clave en el contrato social de Venezuela, progresivamente, desde 1926, cuando desplazó al café y el cacao como rubros de exportación (Bello, 2000), generando abundantes recursos para construir una alta capacidad estatal vía gasto público (Tilly, 2012), un tipo de cambio fijo sobrevaluado (Funes, 1992); importaciones crecientes y, especialmente entre 1977-83, el déficit fiscal, el endeudamiento público y la inflación (Funes, 1992; Ochoa, 2008), conforme varias reformas deterioraron la institución fiscal, y avanzaba el V Plan Económico de la Nación, cuya ejecución, en el marco de la ISI, llevó a las estatizaciones del hierro, los hidrocarburos y la creación de entes descentralizados del Estado, así como las políticas sociales rentistas expansivas (Funes, 1992; Ochoa, 2008; Urbaneja, 2013; Urbaneja, 2015).

 Todo ello fue socavando la estabilidad macroeconómica, el desarrollo de una economía de mercado y una diversificación económica potencial con sectores transables no extractivos ni volátiles. Claro está, un shock externo como el embargo petrolero de 1974, incrementó el rentismo e incentivó el Estado a convertirse en el principal empresario y empleador nacional (Funes, 1992; Ochoa, 2008; Rodriguez & Rodriguez, 2013).

Ahora bien, hubo un cambio estructural representado por el Gran Viraje (1989-93), pero fracasó.  Más tarde, durante los gobiernos de Chávez (1999-2013), el Estado dispuso de una creciente renta petrolera por distribuir vía gasto público, y el clientelismo en alguna medida permeó todas las instituciones públicas[1], exacerbándose el reparto discrecional de la renta (Rodriguez & Rodriguez, 2013) y la intervención estatal en el manejo de la economía, todo ello en el marco del debilitamiento de la sociedad civil –lo cual conllevaba la contención de la inversión privada- para alcanzar, conflictivamente, un objetivo rector: la hegemonía de Chávez y los sectores sociales que lo apoyaban (Urbaneja, 2013).

Por otro lado, como bien analizan García-Guardilla y Mallen (2019) al comienzo del régimen de Chávez se introdujo en la Constitución de 1999 la democracia participativa junto con la tradicional forma de democracia representativa, pero para los sectores sociales que apoyaban a Chávez (clase de bajos ingresos), y los que se le oponían (mayoritariamente las clases alta y media), la interpretación de la democracia resultó incompatible y divisiva, y desde diciembre de 2001 las identidades políticas se convertirían en sociales, por lo cual el antagonismo fue más allá de la esfera pública.

Este antagonismo se convirtió en una polarización de amigo-enemigo, mientras el gobierno avanzaba desde 2007 hacia el Estado Comunal –finalmente alcanzado con la ANC en 2017 y el surgimiento del autoritarismo consolidado- al radicalizar su ideología socialista.

En este sentido, el régimen de Maduro se ha desarrollado una crisis humanitaria compleja, causada por corrupción, la caída de los precios petroleros –catalizador de la explotación ilegal y rentista del oro-, la ineficiencia de las expropiaciones, controles de cambio y otras medidas socialistas; la monetización del déficit fiscal, etc.[2].

La crisis ha implicado no solo el incumplimiento de este régimen del contrato social rentista aparentemente inclusivo de Chávez al exacerbarse el clientelismo excluyente y perder la legitimidad de desempeño, sino que en el marco de dicha crisis se ha atenuado la polarización (García-Guardilla y Mallen, 2019)

De este modo, las clases medias y altas se movilizaron reclamando especialmente derechos políticos, como ocurrió con la estrategia de La Salida en 2014, producto de una fragmentación opositora, y en lucha por el referéndum revocatorio, mientras que la clase de bajos ingresos protestaba por bienes y servicios básicos en 2016, y a ella se le unió en ocasiones la clase media (García-Guardilla y Mallen (2019).

Sin embargo, la resistencia civil de los venezolanos puede calificarse de incipiente, poco planificada y coordinada a la luz de la experiencia de la Primavera Árabe.

De hecho, aunque resulta favorable para su potencial democratización que la polarización[3] y el clientelismo desde el autoritarismo competitivo del gobierno de Chávez y su continuación con Maduro[4] no haya tenido la magnitud del sectarismo étnico-religioso que analizamos en algunos países árabes, ni la sociedad venezolana se encuentra atomizada como en las monarquías rentistas del CCG, la sociedad civil venezolana está debilitada en el marco de un autoritarismo consolidado, representado por el régimen de Maduro[5].

Así pues, a continuación, presentamos las lecciones que deducimos para la democratización de Venezuela a partir de la aproximación hecha respecto a las razones sociopolíticas del fracaso de la Primavera Árabe y los enfoques teóricos del ensayo:

Lección 1. La resistencia civil es la estrategia más efectiva para democratizar un régimen autoritario, tanto en su fase de división y ruptura, como para la etapa de consolidación de la democratización.

 

 La implementación de la propuesta de Consejo de Estado formulada por Estados Unidos –que también contempla el levantamiento condicional de todas sus sanciones vinculadas a Venezuela-, siguiendo a Gill (2000), representaría una transición por transacción, pues a pesar de la igualdad en el poder de voto del PSUV y los partidos políticos que apoyan a Juan Guaidó en los nombramientos de 4/5 miembros de tal Consejo, en la práctica, ante una sociedad civil débil, la iniciativa de liberalización y la dirección de la transición recaería predominantemente en las élites reformistas del régimen (burocráticas y militares), seguidos por los partidos que apoyan a Guaidó.

En una transición por transacción estos últimos partidos incluso serían susceptibles a la cooptación en el marco de pactos y negociaciones (Gill, 2000), con el objetivo, por ejemplo, de levantar las sanciones mediante la constitución de un gobierno aparentemente democrático, pero que no rinda cuentas.

Las cooptaciones ya han ocurrido, de hecho, como se evidenció en un suceso catalizador de las divisiones, la debilidad y el descrédito que han afectado a la oposición desde fines de 2019: la designación fraudulenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que convirtió a Luis Parra en su presidente, quien había sido acusado en diciembre de 2019, junto a otros diputados opositores, de corrupción respecto a un contratista del CLAP sancionado por Estados Unidos (Armando Info, 2020; Guanipa, Berwick & Armas, 2020; Lorenzo & Hernández, 2020).

En este sentido, si la sociedad civil no es un actor significativo, las transiciones son por transacción, elitistas (Gill, 2000), lo cual implica el riesgo del surgimiento de un nuevo régimen autoritario (Pinckney, 2018), o la democratización es probablemente limitada o efímera, como demuestran el caso de Egipto y las inferencias estadísticas de autores de la resistencia civil.

Por lo tanto, en aras de alcanzar la democratización plena de Venezuela es necesario que exista un liderazgo opositor estratégico, cohesionado y articulador, legítimo y en el cual confíe la mayoría de la población, de modo que se planifique y coordine la movilización de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los gremios, los sindicatos y el movimiento estudiantil, para romper el consenso y remover al régimen autoritario o cuando la liberalización política de este no avance más o retorne la represión, se lleven a cabo actos de no-cooperación como huelgas en empresas públicas, desobediencia de las leyes ilegítimas, protestas masivas y paros en sitios neurálgicos como las sede del gobierno y Fuerte Tiuna, a la vez que conserva la unidad y la disciplina no violenta ante la represión.

El escenario de mayor probabilidad para la democratización plena es una transición por remplazo (Gill, 2000), como la tunecina, originada por la resistencia civil y cuyo actor preponderante en la transición política tras la división y ruptura de un régimen autoritario débil fueron los grupos de oposición de la sociedad civil.

 Sin embargo, ante la debilidad actual de la sociedad civil venezolana, la resistencia civil también puede ser una estrategia efectiva para una transición por extracción, en la que la liberalización es iniciativa del régimen autoritario que pierde poder, mientras que la oposición intensifica su accionar para derribar al gobierno (Gill, 2000).

Conforme se desarrollen ciclos de protestas y represión antes de la etapa de negociones, como ocurrió en Sudán recientemente[6] y es usual, de acuerdo con Gill (2000), la balanza de poder se inclinaría por la oposición, ya que su rol adquiere más relevancia que en las transiciones por transacción, se extenderían garantías a la representación del régimen y ambas partes intentan fortalecer las posiciones moderadas de cada uno como socios en la negociación.

Vale resaltar en este punto que las protestas de 2014 y 2017 no estuvieron exentas de polarización (García-Guardilla y Mallen, 2019), y aun en 2019 no emergió de la sociedad civil venezolana la clase de liderazgo necesario para la resistencia civil que provocara la división y el ruptura del régimen de Maduro, si bien entre 2013-19 hubo conmociones como la usurpación de funciones de la AN por el TSJ en 2017 y la toma de posesión de Maduro en enero de 2019 luego del fraude las elecciones de 2018, que permitieron un fortalecimiento coyuntural de la sociedad civil.

Por ello, para una resistencia civil con miras a una democratización amplia y sólida, los venezolanos no deberían esperar otra conmoción sino acordar una estrategia que mantenga la unidad, la disciplina no-violenta y la movilización de la sociedad civil, incluso si ya se han producido las divisiones en el régimen que conduzcan a la transición, como en Túnez, para que los líderes pro-democracia rindan cuentas (transparencia institucional) y cumplan sus promesas, pues no están exentos de los incentivos de la vieja élite política autocrática (Pinckney, 2018).

Lección 2. Un liderazgo opositor cohesionado, con suficiente capacidad para planificar y coordinar una resistencia civil, e interlocutor para el levantamiento de sanciones, en vista del reconocimiento de Juan Guaidó por Estados Unidos y la Unión Europea, debería tener planes de gobierno coherentes, confiables y comprehensivos para el período de transición democrática y una democratización plena, así como prepararse para ser un potencial socio en negociaciones con las élites chavistas.

Más allá de la reconfiguración institucional de una transición por transacción representada por la propuesta del Consejo de Estado, anunciada por Mike Pompeo (Departamento de Estado, 2020b; Gill, 2000), la oposición cuenta con el Plan País, el cual se enfoca en reformas económicas como las políticas fiscales expansivas vía recursos externos, la atención de la crisis humanitaria compleja, la recuperación de PDVSA, el desmontaje de controles económicos y la eliminación gradual de subsidios (Asamblea Nacional, 2019).

Empero, este plan no contempla la sustitución las políticas sociales rentistas expansivas, ni la privatización de PDVSA, que podría favorecer la democratización debido al desarrollo potencial de una economía productiva, pero, sobre todo, porque la mayor necesidad del Estado por recursos distintos a la renta directa de commodities transables (como el petróleo y el oro) para sustentarse, lo incentivaría a negociar más con las empresas transnacionales y probablemente, al menos al largo plazo, con los ciudadanos, para el cobro de impuestos[7], con menor asimetría en la consulta entre los ciudadanos y el Estado, y categorías de desigualdad entre los primeros por causa de los privilegios clientelares (Scott, 1972, citado en Hicken, 2011; Tilly, 2012; Urbaneja, 2013).

Más aún, no se ha presentado una estrategia política integral propia que plantee la necesidad del fortalecimiento y articulación de la sociedad civil venezolana en vista de que este tipo de actor juega un rol fundamental para alcanzar la democratización de un Estado, de acuerdo con Gill (2000), un experto en democratización, y autores en el campo de la resistencia civil, como fue abordado en la segunda sección de este ensayo.

 Los antecedentes no son alentadores. En 2019 la oposición no demostró coherencia a la hora de proponerles a los miembros de línea reformista del régimen las garantías para una transición y su salida progresiva del poder. Por un lado, con un “cese de la usurpación”, la cual no descartaba la intervención armada de Estados Unidos y puso muy en alto las expectativas de salida “fácil y segura” del régimen, como el fracasado intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 sin movilización popular, por ejemplo, hacia Miraflores; y, por otro, al negociar en Noruega y Barbados, todo lo cual consideramos que no cultivó la confianza tanto en las élites reformistas del régimen como en la sociedad civil venezolana[8].

No obstante, si bien el esquema de la propuesta del Consejo de Estado no constituye una base para que la oposición tenga un discurso cuyo framing concientice sobre la necesidad de la resistencia civil, sobre todo en caso de retrocesos en la liberalización de la transición, en alguna medida advierte que, si comienza una transición hacia la democracia, el gobierno será híbrido.

Vale observar que las élites militares, burocráticas y económicas de este régimen autoritario (chavistas) no deberían percibir una amenaza existencial en el liderazgo opositor si este, en el marco de una transición por extracción, como señalamos, le ofrece garantías consagradas en pactos, de modo que a su vez coordinen acciones para subordinar a la burocracia poderes coercitivos arbitrarios o autónomos como las guerrillas colombianas[9], los colectivos[10] y, con su valor para este mismo fin, las fuerzas armadas, todo lo cual será necesario para fortalecer la capacidad estatal, indispensable para la aplicación de las políticas públicas democráticas (Tilly, 2012).

Las redes de confianza del chavismo, como señalaría Tilly (2012), desde sus negocios legales hasta sus partidos políticos, deberían ser integradas a las políticas públicas de un gobierno de transición por un  consenso contingente, así como las del resto de la población que hoy en día considera riesgoso apoyar o vincularse con los programas del Estado (como sus políticas fiscales y monetarias) y sus empresas e instituciones, muchas de las cuales, además de tener un desempeño pobre, están sancionadas o son sectarias.

En este sentido, en la senda de la construcción de una democracia sólida, especialmente en materia del pacto que representaría la constitución de un nuevo CNE o una reforma constitucional, no debería haber una polarización como la del comienzo del régimen chavista o el sectarismo de los islamistas en Túnez y Egipto. Por consiguiente, el PSUV, y, en general los chavistas, si aceptan la democracia representativa, deberían tener derecho a formar parte de la administración pública.

La experiencia de Túnez, con la exitosa negociación entre seculares e islamistas en el seno del Parlamento, es ilustrativa respecto a la necesidad de políticas inclusivas y pluralistas, en contraste, por ejemplo, con el gobierno de Acción Democrática entre 1945-48 (Rincón, 1999:140; Urbaneja, 2015).

Lección 3. La democratización es un proceso construible de forma progresiva.

La sociedad civil venezolana no puede esperar que, dado que la geopolítica sitúa a nuestro país en la órbita de influencia de la única superpotencia del globo, Estados Unidos, una intervención militar “impondrá” la democracia, a pesar de que sus sanciones incentivan una eventual transición política.

Libia, Siria y Yemen son muestra de que los derrocamientos violentos de gobierno o el intento por medios violentos auspiciados desde el extranjero no instituyen gobiernos democráticos, y Estados Unidos parece sopesar prudentemente los riesgos, pues incluso en medio del despliegue de la operación antinarcóticos en el Caribe, el Jefe del Comando Sur aseguró que los medios económicos y diplomáticos -no el uso de la fuerza- constituyen los instrumentos de preferencia usados por Estados Unidos para la salida de Maduro del poder (Goodman, 2020).

En este sentido, también será un reto para la sociedad civil venezolana evitar que se produzca una transición por transacción si se produce un golpe de Estado desde los altos mandos de la FANB, que demostraría la fragilidad de los mecanismos de preservación de la unidad del régimen ante la pérdida de legitimidad que conllevan la crisis económica, las sanciones y el aislamiento internacional[11].

Los militares podrían proclamarse “defensores de la democracia y la unidad nacional”, sin que el fortalecimiento de la sociedad civil y una resistencia civil masiva que los presiona en esta dirección, al aumentar los costos de su permanencia en el poder y de su represión, sean la causa que lleve a una posición institucional semejante.

No obstante, si la resistencia civil efectiva se produce en Venezuela y comienza una transición democrática, aún quedará sobre la mesa la tarea de construir instituciones públicas inclusivas, que protejan y consulten a los ciudadanos.

Tales instituciones tendrán, asimismo, que educar al ciudadano para fundamentar la democracia a largo plazo y permitirle tener los medios materiales para ello, al basarse en un contrato social bidireccional que contemple una economía no rentista, diversificada en servicios y manufacturas[12], de modo que el venezolano no sea mayoritariamente pobre sino de clase media, y le exija al Estado bienes y servicios públicos de calidad, y rendición de cuentas, dado el pago de impuestos, su organización autónoma y activismo político.

Finalmente, la lucha por la democratización nunca será una pérdida para la sociedad civil en términos de experiencia y construcción de cultura política. La resistencia civil por la democracia no tiene que ser una campaña con un plazo definido y cuyo resultado sea el fin inmediato de todo autoritarismo[13].

Como nos indican en parte la resistencia civil de Marruecos, estas pueden obtener resultados parciales; experiencia y cultura política, que fortalece la sociedad civil, pero también cierta apertura política y reformas económicas, derivando estas de medidas de liberalización decidida por miembros reformistas dentro del régimen autoritario bajo la presión de la sociedad civil.

En este marco, la cooperación internacional y la asistencia financiera internacional condicionada pueden favorecer la constitución y consolidación de un gobierno democrático en Venezuela[14].

Conclusión

El contrato social árabe es semejante al de la Venezuela del siglo XXI, caracterizándose por el rentismo, el clientelismo y la falta de rendición de cuentas e incluso autoritarismo de parte de sus Estados.

Empero, ello no significa que la relación entre el Estado y el ciudadano no puede cambiar con miras a la construcción de instituciones públicas inclusivas, que consulten ampliamente al ciudadano, atiendan sus demandas (incluyendo la transparencia fiscal) y garanticen sus derechos, como lo demuestra el único caso exitoso de democratización en la Primavera Árabe, Túnez, aquel en el cual la sociedad civil se fortaleció al ser conmocionada y, sin necesidad de una campaña violenta o intervención de potencias extranjeras, logró superar la debilidad característica de las sociedades civiles árabes (sino atomización), así como el sectarismo, llevando a cabo una resistencia civil efectiva.

La sociedad civil de Venezuela puede aprender del éxito de Túnez y, más aún, del fracaso de otros países árabes en términos de democratización, por lo cual hemos deducido tres lecciones con miras a su democratización, vinculas a la necesidad de i) liderar, articular y movilizar la sociedad civil siguiendo la estrategia más exitosa, la resistencia civil, para al menos lograr una transición democrática por extracción; ii) planes coherentes, confiables y comprehensivos por parte de un liderazgo opositor para la transición democrática y la democratización plena, y su preparación para ser el potencial socio de negociones con las élites chavistas; y iii) que los venezolanos entiendan que la democratización es un proceso construible de forma progresiva.


Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.

 

[1] Urbaneja (2013), analiza implícitamente prácticas clientelares en el régimen de Chávez. Sin embargo, un análisis más específico de estas prácticas puede leerse en Arenas (2010), quien destaca el papel jugado por las misiones sociales y su relación con el giro socialista del régimen en 2007 (https://nuso.org/media/articles/downloads/3724_1.pdf). Para el “Carnet de la Patria” y las “Bolsas CLAP”: https://www.elimpulso.com/2017/12/10/fidelidad-chavez-clientelismo-la-maquinaria-electoral-maduro/, y el informe Bachelet sobre Venezuela (Consejo de Derechos Humanos, 2019).

[2] El lector puede profundizar el análisis de la crisis venezolana consultando: i) Venezuelan crisis is closely related to corruption and poor performance of the 576 State-Owned Enterprises; ii) Hiperinflación en Venezuela: Causas y soluciones (http://especiales.prodavinci.com/hiperinflacion/; iii) dos informes de HRW (https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/venezuela#09acdb y https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/venezuela#16e9b9; y iv) Gold and grief in Venezuela´s violent south de International Crisis Group (2019a).

[3] De acuerdo con Sartori (1976: 377), la estabilidad gubernamental guarda una correlación negativa con el número [fraccionalización] y la heterogeneidad [polarización] de los miembros [partidos políticos] en potencia de la coalición (…). 

En el supuesto de que los partidos políticos actuales expresen las exigencias sociales respaldándolas con presión, canalizan los contactos de los ciudadanos con el Estado y viceversa, y cumplen su función comunicativa expresiva partiendo de los primeros (Sartori, 1976), una baja polarización social sería positivo para la gobernabilidad durante la transición democrática en Venezuela y eventualmente al instituirse un nuevo contrato social, basado en la democracia representativa como regla de juego, particularmente respecto a la competencia centrípeda dentro del sistema de partidos.

[4] De acuerdo con Magdaleno (2016), el régimen de Chávez y su continuación con Maduro, comenzado entre 2007 y 2009, hasta 2016, fue un autoritarismo competitivo, definido por Steve Levitsky y Lucan Way como un sistema político donde “las instituciones democráticas formales son ampliamente vistas como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política”, pero las reglas son frecuentemente violadas y el Estado no alcanza los estándares democráticos.

[5] Esto resulta evidente si consideramos la pérdida de independencia de los poderes judicial y electoral, la negación del derecho a elegir y la creciente militarización desde 2016 (Jácome, 2016), pero, sobre todo, los criterios de Stoppino, citado en Magdaleno (2016), respecto a los autoritarismos consolidados o dictaduras.

Entre estas destacamos la reciente designación arbitraria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyo Palacio fue tomado violentamente (Lorenzo & Hernández, 2020; Ocando, 2020), así como el nivel de movilización social y política virtualmente inexistente antes de la cuarentena, dada la debilidad de la sociedad civil, particularmente desarticulada, lo cual vinculamos a la persecución política y la censura (Colombo, 2020; Consejo de Derechos Humanos, 2019; Schlenker, 2020), y al rentismo y clientelismo del contrato social chavista.

[6] A título de epílogo se puede traer a colación la reciente transición en Sudán, que a nuestro juicio fue por extracción, a pesar de que i) persisten los problemas de una baja capacidad estatal representada por grupos paramilitares como las Fuerzas de Apoyo Rápido, tras décadas de guerra civil, autoritarismo clientelista-islamista y rentístico, otrora petrolero, recientemente aurífero (BBC, 2019; Elbattahani, 2017; Hassan & Kodouda, 2019); y ii) que el Estado no ha sido retirado de la lista de Estados promotores del terrorismo del Departamento de Estado, lo cual implica sanciones que le impiden, entre otras cosas, acceder al financiamiento del BM y el FMI  (Departamento de Estado, 2020c; Hursh, 2020).

El antiguo dictador de Sudán, Omar al-Bashir, fue derrocado en abril de 2019 tras meses de resistencia civil (Aljazeera, 2019a; Hassan & Kodouda, 2019). El Consejo Militar de Transición (CMT) que se formó aspiraba socavar una eventual transición democrática y por ello dilató las negociones con las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), pero fue testigo de que la sociedad civil seguiría resistiendo al gobierno militar y cedieron, a pesar de que cometerían en Jartum el 03 de junio para acabar con las marchas y paros en las afueras de la sede del ejército de Sudán (Aljazeera, 2019a).

Sin embargo, gracias a la resistencia civil y la presión internacional de actores como Estados Unidos y los mediadores de la Unión Africana y Etiopía, la declaraciones política y constitucional de julio y agosto de 2019 han constituido un pacto democratizador, pues consagran los tres órganos del actual gobierno de transición civil en el cual está representado las FLC y preparará las elecciones generales: Consejo Soberano, Consejo de Gobierno tecnocrático (presidido por Abdallah Hamdok) y el Consejo Legislativo, que resta por ser electo (Aljazeera, 2019b, Aljazeera, 2019c; Sudan Tribune, 2019a; Sudan Tribune, 2019b; Zengerle, 2019).

[7] La ausencia de la privatización de PDVSA en el Plan País puede que responda a la necesidad de maximizar el consenso y minimizar el conflicto para la consolidación de la democracia, considerando los actores potencialmente desestabilizadores, como ocurrió con el Pacto de Punto Fijo (Urbaneja, 2015), así como la integración de las redes de confianza ciudadanas en las políticas públicas, con base en un consenso contingente (Tilly, 2012).

Empero, aunado a lo señalado sobre el incentivo para negociar más para el cobro de impuestos, consideramos económicamente necesaria que la privatización de PDVSA sea incorporada en los planes de transición al menos con miras al mediano plazo (2-4 años), una vez aumente la capacidad estatal, en un contexto en el que recuperar su producción requiere atraer una cuantiosa IED y contrarrestar las expectativas negativas de los inversionistas ante el shock que seguirá sufriendo el mercado petrolero (Horowitz, 2020; Ngai, Raimond & Longley, 2020; Olmo, 2020).

[8] Sin embargo, aunque pueden ampliarse con una ley de amnistía, son positivas las garantías de permanencia en el cargo que se ofrecen en la propuesta para el ministro de defensa y las autoridades regionales y locales (Departamento de Estado, 2020b).

[9] International Crisis Group (2019b; 2019b) realizó dos análisis ricos en fuentes primarias sobre la presencia del ELN y la FARC en el sur de Venezuela con la anuencia del régimen, sobre todo en el Arco Minero de la región Guayana, atraídos por la extorsiones en la minería ilegal del oro y tierras raras, enriquecerse con otras actividades ilícitas como el narcotráfico, y la posibilidad de reclutar fácilmente jóvenes.

Asimismo, se abordan las relaciones conflictivas de tales guerrillas con los “sindicatos” chavistas o mafias locales, y el anuncio del retorno a la lucha armada de la FARC hecho por parte de Ivan Marquéz junto a Jesús Santrich presuntamente desde Venezuela, lo que llevó a Colombia a invocar el TIAR (International Crisis Group, 2019b).

[10] Véase https://www.derechos.org.ve/actualidad/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado y https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40527998

[11] Resulta ilustrativo que al comenzar la pandemia Maduro haya solicitado al FMI un préstamo de emergencia de $5 millardos (The Telegraph, 2020), probablemente como chivo expiatorio, en vista de que la institución no reconoce su legitimidad, y que consideramos que la hipotética garantía de pago, un programa de liberalización económica, conllevaría una redistribución de cuotas de poder en la coalición ganadora del régimen, que es incapaz de efectuar so pena de dividirse y sufrir una ruptura.

[12] Véase https://ceinaseg.com/el-futuro-del-comercio-exterior-venezolano-de-las-materias-primas-a-la-exportacion-de-servicios-basados-en-el-conocimiento/.

[13] De hecho, según Stephan & Chenoweth (2011, como se cita en Ackerman & Merriman, 2019, p.7) existe un 35% de probabilidad de que un resultado democrático emerja en los cinco años después de que una resistencia civil no alcanza la transición.

[14] Puede consultar: Right To Assist de Ackerman & Merriman (2019) y Una forma alternativa de cooperación internacional: El caso de la crisis venezolana, https://ceinaseg.com/una-forma-alternativa-de-cooperacion-internacional-el-caso-de-la-crisis-venezolana/

 

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Nelson Figueira
Graduando de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Miembro investigador de CEINASEG. Preparador de Historia de las Relaciones Internacional I y mejor promedio de su escuela en 2018 y 2019. Sus líneas de investigación son sobre transiciones políticas en el Medio Oriente y el Norte de África y cooperación internacional.