Resumen

La crisis venezolana ha estado en la agenda internacional al menos desde 2017, cuando se evidenció la ausencia de separación de poderes en Venezuela, la represión desproporcionada de las protestas, la persecución de la oposición, y la migración de millares, especialmente por la escasez de alimentos y medicinas. Las sanciones contra el Estado venezolano y la ayuda humanitaria donada a su sociedad civil, así como los informes sobre violación de Derechos Humanos elaborados desde entonces son muestra de la cooperación internacional estatocéntrica, entre Estados y en el seno de las Organizaciones Intergubernamentales –cuyas decisiones prácticamente dependen del consenso de sus Estados-, como contemplaron los neorrealistas y neoliberales desde el tercer debate de Relaciones Internacionales.

El objetivo de este artículo, sin embargo, es presentar una forma de cooperación internacional alternativa a partir de la crisis venezolana, la cual destaca actores transnacionales estudiados en el cuarto debate de Relaciones Internacionales que difieren del Estado, siendo posible su cooperación gracias a la globalización; a las ideas que, conformando una estructura, son el principal determinante del comportamiento de los actores de la sociedad internacional y la evolución de sus instituciones; y a los actores que afectan dicha estructura.

Palabras clave: Cooperación internacional, cuarto debate de Relaciones Internacionales, Venezuela, Derechos Humanos.

Una forma alternativa de cooperación internacional

La crisis venezolana ha estado en la agenda internacional al menos desde 2017, cuando se evidenció la ausencia de separación de poderes en Venezuela, la represión desproporcionada de las protestas, la persecución de la oposición, y la migración de millares de venezolanos, especialmente por la escasez de alimentos y medicinas.

Desde entonces se han producido sanciones contra el Estado venezolano (la suspensión del Mercosur, el embargo de armas de la UE, sanciones financieras de EE.UU. y la UE, etc.), donaciones de ayuda humanitaria como la ofrecida por USAID a la sociedad civil venezolana, e informes sobre violaciones de Derechos Humanos (DD.HH) en Venezuela.

Entre dichos informes destaca el elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, M. Bachelet, (Consejo de Derechos Humanos, 2019), en el cual reportó violaciones como el limitado acceso a los servicios públicos, alimentos y medicinas por causa de la corrupción, subinversión, discriminación, etc.; la censura; las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas perpetradas por el SEBIN y la DGCIM contra opositores y sus familiares; la violencia de género y los ataques contra indígenas cometidos por la GNB; las ejecuciones extrajudiciales del FAES; la persecución de la disidencia por parte de la ANC; la parcialización y corrupción judicial; y la falta de acceso a documentos para migrantes y refugiados.

Este informe, las donaciones de USAID y las sanciones contra el Estado venezolano son muestra de la cooperación internacional tradicional, entre Estados o en el seno de una Organización Intergubernamental (OIG) -cuyas decisiones dependen prácticamente del consenso de los Estados que las componen (Merle, 1995:324-25)-, como la ONU, la OEA o la UE. Esta cooperación puede ser útil para alcanzar propósitos comunes, como la resolución de la crisis humanitaria y migratoria venezolana. No obstante, no es la única forma de cooperación internacional, por lo cual aquí presentamos sucintamente una forma alternativa de cooperación internacional a partir del caso de la crisis venezolana.

La cooperación internacional ha sido estudiada fundamentalmente desde la óptica del Estado, en el debate de Relaciones Internacionales (RR.II.) entre neoliberales y neorrealistas, suponiendo que el sistema internacional es anárquico (no existe autoridad central que gobierne a los Estados), lo que conlleva la política de autoayuda (y esta el conflicto según los neorrealistas); y que las identidades y los intereses de los Estados están dados (Sodupe, 2003; Wendt, 1992:391-92).

 De hecho, Keohane (1984), un autor neoliberal que reconoció que los Regímenes Internacionales, los cuales comprenden las OIG, constriñen el comportamiento de los Estados y modifican las autopercepciones de sus intereses, definió la cooperación internacional solo en términos de coordinación de políticas públicas.

Empero, Wendt (1992), un exponente del constructivismo social, corriente reflectivista del cuarto debate de RR.II (junto a la teoría crítica, el feminismo y el posmodernismo) frente a los racionalistas (neoliberales y neorrealistas), refutó que la condición anárquica de la sociedad internacional implique la autoayuda, sosteniendo que la última es una institución, una estructura de intereses e identidades estatales entre otras posibles (como una seguridad cooperativa construida a partir de percepciones interestatales positivas y la seguridad colectiva), y que dichos intereses e identidades no están dados sino que varían en función de los procesos cognitivos intersubjetivos que construyen las instituciones, finalmente internalizadas por los actores.

Asimismo, si bien en el tercer debate de RR.II. se reconoció la diversidad de actores transnacionales, en el cuarto debate los reflectivistas subrayan actores de la sociedad internacional que defienden intereses colectivos con autonomía política y financiera respecto al Estado, emergiendo de la sociedad civil y proyectándose a nivel internacional, se trate de Redes Transnacionales de Promoción (TAN, por sus siglas inglesas), ONG o movimientos sociales transnacionales (TSMO, por sus siglas inglesas) (Smith, Pacnucco & Winnie, 1994; Keck & Sikkink, 1999:90).

 En general, los reflectivistas también afirman que las ideas, conformando una estructura, son el principal determinante del comportamiento de los actores internacionales; que tales agentes y la estructura están mutuamente constituidos; y que los discursos y las teorías responden a intereses y valores (Salomón, 2000; Sodupe, 2003).

Como observaremos en nuestro caso, los actores transnacionales básicamente difieren de entes coercitivos y soberanos como los Estados en sus capacidades, propósitos y estrategias, y al cooperar nos presentan una alternativa a la coordinación de políticas públicas. Esta cooperación ha sido notoria, más allá de los joint ventures y las fusiones entre transnacionales, en ámbitos como el ambiental, de DD.HH y la paz, dada la proyección de ONG como Greenpeace, Amnistía Internacional y Peace Brigades International, produciéndose reportes, campañas de denuncia y solidaridad, etc., entre sociedades civiles que trascienden la frontera de un Estado.

En este sentido, el artículo seminal de Smith et al. (1994) analizó esta forma de cooperación a partir de las TSMO, un tipo de ONG transnacional que tiene secciones en diversos Estados y se “enfoca en las  instituciones internacionales e intenta incidir sobre políticas internacionales con el objetivo último de influenciar el comportamiento estatal” (Smith et al., 1994:4). Su proyección internacional es una respuesta a la centralización de las políticas transnacionales y refleja la disponibilidad de tecnologías de información y transportes internacionales en el marco de la globalización (Smith et al., 1994). 

Las TSMO, como Amnistía Internacional, monitorean el cumplimiento de normas internacionales; instan a los miembros de sus secciones nacionales a que presionen a sus Estados para que apoyen o cumplan con normas y estándares globales, movilizando la opinión pública; y, aunque presionen a los delegados en las OIG, suelen complementar a las mismas, proveyéndoles información y contribuyendo a la formación de resoluciones y tratados internacionales (Smith et al., 1994).

Deducimos así que esta forma de cooperación internacional es posible gracias a las globalización; a las ideas que, conformando una estructura, son el principal determinante del comportamiento de los actores de la sociedad internacional, incluyendo a los Estados, y la evolución de sus instituciones (prácticas repetitivas consensuadas); y a los actores que afectan tal estructura, a la cual están constituidos, creándose, adaptándose o sustituyéndose instituciones internacionales de acuerdo con las interacciones, el aprendizaje y las expectativas de dichos actores.

 Aunadas a las TSMO, las ONG transnacionales sin secciones nacionales como Human Rights Watch (HRW), y las TAN pueden influenciar la estructura. En el caso de las TAN, estas están constituidas por “actores que trabajan a nivel internacional unidos por valores compartidos, un discurso común, e intercambios densos de información y servicios” (Keck & Sikkink, 1999:89), comprendiendo desde activistas y ONG hasta medios de comunicación que promueven principios, causas y valores, presionando por cambios políticos y construyendo vínculos entre la sociedad civil, los Estados y las OIG (Keck & Sikkink, 1999).

Para tales propósitos, siguiendo a Soyez (2000), las TAN tienen la capacidad de denominar (theming) o poner un tema en la agenda política (agenda setting), construir significados e identidades (framing), crear redes transnacionales con socios (networking), y exponer las contradicciones de un adversario (exposure), incluyendo a Estados y corporaciones.

La crisis venezolana

En Venezuela, una TSMO como Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2019), ONG internacionales como HRW, y TAN tales como la que constituyen HRW y medios como Deutsche Welle (DW) que ayudan a una sociedad civil venezolana que enfrenta la censura y la persecución política (DW, 2019a;DW, 2019b; HRW, 2019), han cooperando para denunciar violaciones de DDHH en Venezuela y, a través de la deslegitimación del régimen dictatorial que la oprime, incluso canalizan la gran expectativa de Venezuela, la transición hacia la democracia, movilizando la opinión pública internacional y presionando a Estados democráticos y OIG para que actúen en favor de esta nación.

Tanto HRW como Amnistía Internacional, por ejemplo, han denunciado la crisis humanitaria provocada por la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela; el uso excesivo de la fuerza por efectivos de seguridad y colectivos en las manifestaciones de 2017-18; la inconstitucionalidad de la ANC; la persecución de la oposición; las ejecuciones extrajudiciales, como en el caso del asesinato de Oscar Pérez y sus acompañantes en enero de 2018. HRW también ha amplificado las denuncias del Foro Penal sobre presos políticos y de Cáritas Venezuela sobre la malnutrición infantil (HRW, 2019), mientras que DW lo ha hecho respecto a la crisis humanitaria y migratoria, produciendo incluso el documental “Venezuela: La huida de un Estado fallido”.

Todo esto le ha permitido a la sociedad internacional tomar conciencia de la crisis venezolana, situarla en la agenda política al menos desde 2017, años antes de publicarse el informe de M. Bachelet, reportándose en detalle la crisis, a pesar de la censura y persecución gubernamental contra la crítica y la disidencia; y generar redes de solidaridad que incluyen medidas materiales como las sanciones contra el Estado Venezolano y la donación de ayuda humanitaria.

 Más aún, las campañas que estos actores y TAN han conducido desde años, presentan una estrategia colectiva basada en el framing en torno a las violaciones de DDHH que sufre una nación otrora con un Estado de Derecho, separación de poderes y prosperidad, exponiendo las contradicciones y deslegitimando, asimismo, a un gobierno cuyo discurso ha negado la crisis humanitaria y acusado a la oposición de orquestar una “guerra económica”, sin asumir la responsabilidad por la corrupción, hiperinflación, etc.

Destacamos, por último, la forma de cooperación internacional alternativa representada por la coordinación reciente de ocho organizaciones que incluyen a Amnistía Internacional, una ONG venezolana como PROVEA y a HRW, para instar al Consejo de DDHH de la ONU a establecer una comisión de investigación sobre Venezuela durante su período de sesiones número 42, lo cual podría complementar al examen preliminar de la fiscal de la CPI sobre Venezuela, en consonancia con una solicitud en 2018 de seis Estados del Grupo de Lima apoyada por Francia, Costa Rica y Alemania (Civilis Derechos Humanos, 2019).

Apostemos entonces por que este tipo de cooperación siga generando aprendizaje en los actores internacionales y empoderando a organizaciones de la sociedad civil venezolana, desde sus ONG y gremios comerciales y médicos hasta sus partidos democráticos. La asistencia para la crisis humanitaria y migratoria de Venezuela está en marcha, pero sin dudas el mayor reto es su democratización, sin la cual su crisis se agravará en paralelo con las violaciones de DD.HH y en perjuicio de los venezolanos y de una sociedad internacional en globalización, cada vez más interconectada e interdependiente.

Referencias bibliográficas

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Consejo de Derechos Humanos (2019, 05 de julio). Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela. Disponible en https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

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Keck, M., & Sikkink, K. (2002).Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. International Social Science Journal 51(159), 89-101. DOI:  10.1111/1468-2451.00179

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Smith, J., Pacnucco, R., & Winnie, R. (1994).  Transnational social movements organizations. Voluntas 5 (2), 121-154. Disponible en https://www.jstor.org/stable/27927430?seq=1#page_scan_tab_contents

Sodupe, K. (2003). La teoría de las RRII a comienzos del siglo XXI. Bilbao, España: Servicio editorial Universidad del País Vasco. 

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Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. International Organization 46 (2), 391-425. Massachusetts, EE.UU.: The MIT Press. Disponible en https://www.jstor.org/sta