1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en perspectiva constitucional

Los Estados están cada vez más unidos para concurrir en normas jurídicas uniformes que rigen sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, con el objeto de combatir problemas comunes como: pobreza, daño al medio ambiente, migraciones y terrorismo. Casos como los de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, son organismos internacionales importantes que han tenido un rol que no puede pasar desapercibido en la elaboración de normas jurídicas para alcanzar fines comunes.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) reconoce y define derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen obligaciones sobre su promoción y protección, conformado organizacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[1]. Estos son los principales organismos internacionales de derechos humanos en América.

El SIDH y sus órganos son parte de lo que he analizado como la construcción de un “constitucionalismo global”[2], o de lo que connotados pensadores como Von Bogdandy denomina como “Ius Constitutionale Commune en América Latina[3] que se refiere -en parte- a las nuevas constituciones de América Latina que adoptan una postura internacionalista, es decir, abierta al derecho internacional público y en especial a los derechos humanos. En ese sentido, el SIDH juega un rol muy importante en la idea de concretar un Ius Commune al adoptar decisiones vinculantes en materia de derechos humanos para los estados que forman parte de la Corte IDH y la CIDH.

Tratados internacionales de derechos humanos de alcance regional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), son relevantes en la construcción de un derecho común, pues en varios ordenamientos constitucionales de la región, como Venezuela[4], Colombia[5] y Ecuador[6], permiten su aplicación directa e inmediata en el orden interno, e inclusive, cuando tienen derechos humanos más favorables se aplican preferente en contraste con la Constitución y demás normas jurídicas.

  1. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

En Venezuela, paralelamente con la erosión democrática y el desmantelamiento del Estado de derecho, se produce un desconocimiento del SIDH. A modo de ejemplo, las decisiones de la Corte IDH fueron inejecutables internamente con el aval de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia, cuya independencia judicial fue socavada como lo documentó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela[7].

La Corte IDH bajo sentencia del 5 de agosto de 2008, declaró que el Estado venezolano violó, con la destitución arbitraria de los ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., sus derechos a ser juzgados por un tribunal imparcial, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, a ser oídos dentro de un plazo razonable, y el deber de motivación; todo de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo texto normativo[8].

Sobre esa decisión la SC mediante sentencia N° 1939 de 18 de diciembre de 2008[9] señaló que era inejecutable y, a su vez, se propuso “solicitar” al Ejecutivo Nacional proceder a denunciar la CADH, ante “la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”.

En febrero de 2010, en medio de una rueda de prensa y como reacción al informe de la CIDH sobre “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, el entonces Presidente Chávez señaló:

“Yo le di instrucciones al canciller, por cierto, porque no vale la pena ni responderle a esa gente. ¿Pa’ qué? Eso es pura basura. Lo que deberíamos hacer es prepararnos para denunciar el acuerdo a través del cual Venezuela se adscribió o como se llame a esa nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y salirnos de ahí, porque no vale la pena”[10].

Finalmente, la denuncia se concretó en fecha 10 de septiembre de 2012, cuando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela comunicó al entonces Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, mediante nota oficial número 000125, que denunciaba la CADH[11].

La denuncia de la CADH ha tenido serias consecuencias: en primer lugar, ha implicado un retroceso en materia de integración regional y los beneficios que esto implica para los ciudadanos; en segundo lugar, significó reducir el acceso a la justicia internacional, siendo la Corte IDH un importante organismo al que las personas pueden acudir para la protección de sus derechos humanos; en tercer lugar, desafió la legitimidad y valor moral que tienen los organismos internacionales de derechos humanos; y en cuanto lugar, es una clara violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  1. Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

          La denuncia de la CADH realizada por el gobierno venezolano implicó violar la Constitución venezolana por las siguientes razones:

1) El artículo 31 de la ley fundamental explana: 

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

          La Constitución reconoce el derecho a dirigir peticiones ante organismos internacionales de derechos humanos, como en efecto serían los organismos que componen el SIDH. Así, denunciar la CADH y abandonar la jurisdicción de la Corte IDH implicó reducir el derecho de acceso a la justicia internacional que tienen las personas.

2) El artículo 19 establece:

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

          A través de la denuncia de la CADH el Estado violó el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que desmejora la situación jurídica de las personas que ahora no pueden someter sus asuntos a la jurisdicción de la Corte IDH. Los derechos humanos representan una “esfera” que sólo puede ser mejorada por el poder, de lo contrario, se pueden suscitar contextos pocos favorables para la garantía de la dignidad humana.

3) El artículo 23 refiere que:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

La denuncia de la CADH implicó desconocer su jerarquía constitucional por ser arbitrariamente desincorporada del bloque de constitucionalidad[12] y, además, viola el principio de supremacía y rigidez constitucional, ya que la Constitución sólo puede modificarse por mecanismos extraordinarios atendiendo al principio de “paralelismo de las formas”.  

  1. El reingreso de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

El 15 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó el reingreso de Venezuela a la CADH a través del “Acuerdo Para Restablecer la Vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Protección Internacional que ofrecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” bajo el contexto del Gobierno interino de Juan Guaidó.

El acuerdo votado en plenaria establece:

Dejar sin efecto, ab initio y como si nunca hubiese tenido lugar, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos presentada el 10 de septiembre de 2012, ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el entonces Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por órdenes e instrucciones directas del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías; y reafirmar la declaración depositada ante el Secretario General de la OEA el 24 de junio de 1981, de conformidad con el artículo 62.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce de manera incondicional como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, como si nunca hubiese tenido lugar la denuncia presentada, ello es, de manera retroactiva al 10 de septiembre de 2013, fecha en que habría entrado en vigor dicha denuncia, en adelante. Se reafirma asimismo la declaración depositada ante el Secretario General de la OEA el 9 de septiembre de 1977, de conformidad con el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para examinar comunicaciones en las que un Estado Parte, alegue que otro Estado Parte, ha incurrido en violaciones a los derechos humanos establecidos en la Convención[13].

Esta decisión tuvo importantes efectos jurídicos, entre ellos, por ejemplo, que Venezuela pasara a ser nuevamente parte de la CADH  y que los seis años transcurridos desde la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención, quedaran sin efecto; asimismo, se retoma la jurisdicción de la Corte IDH, ya que el Presidente encargado advirtió que el Estado venezolano renunció a oponer la excepción preliminar de incompetencia ratione temporis, respecto de aquellos casos referidos a hechos ocurridos desde la fecha de entrada en vigor de la pretendida denuncia de la CADH.

Según el profesor Hernández, en la práctica esta decisión implica que “tanto la Comisión como la Corte podrán conocer de peticiones y pretensiones procesales basadas en violaciones sucedidas entre el 10 de enero de 2013 y el momento en el cual Venezuela pasó a ser, nuevamente, Estado parte de la Convención”[14].

El estado de cosas sobre la situación en que se encuentra Venezuela ante el SIDH representa un momento complejo e inédito de este país ante organismos internacionales de derechos humanos de la región, porque a lo interno el régimen no democrático de Maduro es quien tiene la autoridad y el manejo de los poderes constituidos; de manera que, por ejemplo, una decisión de la Corte IDH será inejecutable internamente mientras persista el autoritarismo y el desconocimiento del SIDH.


Referencias bibliográficas

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Peña Barrios, Angello Javier. 2021. Constitucionalismo global y derechos humanos. Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, 17(2), 427-447. DOI:10.5354/0718-2279.2021.63596.

Von Bogdandy, A. 2015. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador. Revista Derecho del Estado. 34 (jul. 2015), 3–50. DOI: https://doi.org/10.18601/01229893.n34.01.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 2021. Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/48/69”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf.

Sala Constitucional. Sentencia N° 1939 de 18 de diciembre de 2008. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.HTML.

 El País (26 de febrero de 2010). Chávez ordena la salida de Venezuela de la CIDH. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2010/02/26/actualidad/1267138801_850215.html.

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Ayala, C. (2013). Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela. ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO AÑO XIX, BOGOTÁ.

Asamblea Nacional. ACUERDO PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL QUE OFRECEN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN. Disponible en: https://asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-para-restablecer-la-vigencia-de-la-convencion-americana-sobre-derechos-humanos-y-la-proteccion-internacional-que-ofrecen-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-y-la-comision-interamerican-388

Hernández, J. I. 2019. El reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 159/160.

 

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2019. ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la Corte Interamericana. San José, p. 3.

[2] Véase Peña Barrios, Angello Javier. 2021. Constitucionalismo global y derechos humanos. Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, 17(2), 427-447. DOI:10.5354/0718-2279.2021.63596.

[3] Véase Von Bogdandy, A. 2015. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador. Revista Derecho del Estado. 34 (jul. 2015), 3–50. DOI: https://doi.org/10.18601/01229893.n34.01.

[4] Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

[5] Artículo 93:  Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

[6] Artículo 417: Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

[7] “Un sistema de justicia independiente e imparcial es esencial para mantener el estado de derecho y asegurar la protección de los derechos humanos. En Venezuela, las reformas legales y administrativas que contribuyeron al deterioro de la independencia del sistema de justicia tuvieron lugar a lo largo de varios años, al menos desde la adopción de la Constitución de 1999 (…) Según varias fuentes judiciales y de la fiscalía, la erosión de la independencia judicial y de la fiscalía se ha acelerado en los últimos años, incluyendo el período cubierto por el mandato de la Misión”; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 2021. Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/48/69, párr. 14.

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf.

[9] Sala Constitucional. Sentencia N° 1939 de 18 de diciembre de 2008. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.HTML

[10] El País (26 de febrero de 2010). Chávez ordena la salida de Venezuela de la CIDH. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2010/02/26/actualidad/1267138801_850215.html.

[11] Organización de Estados Americanos. Secretario General de la OEA comunica denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de parte de Venezuela. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-307/12

[12] Ayala, C. 2013. Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela. ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO AÑO XIX, BOGOTÁ, p. 53.

[13] Asamblea Nacional. ACUERDO PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL QUE OFRECEN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN. Disponible en: https://asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-para-restablecer-la-vigencia-de-la-convencion-americana-sobre-derechos-humanos-y-la-proteccion-internacional-que-ofrecen-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-y-la-comision-interamerican-388

[14] Hernández, J. I. 2019. El reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 159/160, p. 72.

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Abogado y M.Sc en Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Los Andes, Venezuela. Investigador en Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional.