Catalina la Grande y el ejercicio del poder autocrático en el Imperio ruso

Contexto político y configuración del poder imperial 

El ascenso de Catalina II al trono del Imperio ruso se produce en un contexto marcado por la fragilidad institucional y la ausencia de mecanismos estables de sucesión. A lo largo del siglo XVIII, el poder imperial ruso dependía en gran medida del equilibrio entre la corte, la nobleza y las fuerzas militares, lo que generaba una estructura política vulnerable a conspiraciones y golpes de Estado (Massie, 2012). La deposición de Pedro III y la proclamación de Catalina como emperatriz evidencian esta dinámica, en la que la legitimidad no se derivaba exclusivamente del derecho dinástico, sino de la capacidad efectiva de controlar el aparato estatal. 

Esta configuración del poder condicionó profundamente el ejercicio del gobierno bajo Catalina II. Su origen extranjero y la ausencia de un título sucesorio incuestionable obligaron a la emperatriz a consolidar su autoridad mediante alianzas estratégicas con la nobleza y la Guardia Imperial, así como a través de una cuidadosa gestión de la corte como espacio central de poder político (Madariaga, 2002). La corte rusa no funcionaba únicamente como un ámbito ceremonial, sino como un núcleo decisivo de negociación, vigilancia y control, donde la estabilidad del régimen se jugaba cotidianamente.

En este marco, el poder imperial se configuró como una combinación de autoridad personal, control administrativo y legitimación simbólica. Catalina II comprendió que la estabilidad del Imperio no dependía únicamente de la coerción, sino también de la construcción de un discurso de gobierno capaz de presentar el orden autocrático como necesario y racional en un Estado extenso y socialmente heterogéneo (García Fernández, 2003).

Pensamiento político e Ilustración como instrumento de gobierno

El pensamiento político de Catalina II se articula en torno a una apropiación selectiva de los principios de la Ilustración, entendidos no como un proyecto de transformación del orden político, sino como un marco discursivo útil para racionalizar y legitimar el ejercicio del poder autocrático. Esta lógica se expresa de manera sistemática en la Instrucción (Nakaz) de 1767, documento que sintetiza la concepción del Estado, la ley y la autoridad soberana durante su reinado (García Fernández, 2003).

En el Nakaz, Catalina recurre de forma explícita a autores ilustrados como Montesquieu y Beccaria, incorporando nociones relativas a la legalidad, la proporcionalidad de las penas y la crítica a la tortura. No obstante, estos principios aparecen subordinados a una premisa central: la necesidad del absolutismo como forma de gobierno adecuada para un imperio vasto, diverso y socialmente jerarquizado. La ley no se concibe como un límite al poder del soberano, sino como un instrumento destinado a ordenar la sociedad y garantizar la estabilidad política (García Fernández, 2003).

La referencia a una “monarquía moderada” debe entenderse, por tanto, más como una formulación retórica que como una propuesta de redistribución del poder. Catalina defiende la centralidad del soberano como fuente última de autoridad, al tiempo que presenta el gobierno autocrático como compatible con la razón, el orden jurídico y el bienestar general. En este sentido, la Ilustración opera como un lenguaje de gobierno que permite modernizar la legitimación del poder sin alterar sus bases estructurales (Madariaga, 2002).

Este uso instrumental del pensamiento ilustrado revela una tensión constante entre racionalización y concentración del poder. La reforma intelectual no buscaba limitar la autoridad imperial, sino dotarla de coherencia normativa y justificarla frente a las élites internas y a la comunidad política europea. Así, el pensamiento político de Catalina II se configura como una síntesis pragmática entre absolutismo y racionalidad ilustrada, adaptada a las condiciones específicas del Imperio ruso de ese momento.

Legislación, administración y control social

Las iniciativas legislativas y administrativas impulsadas durante el reinado de Catalina II respondieron a una lógica de reorganización del poder estatal orientada a fortalecer la capacidad de control del Imperio. Lejos de constituir un proceso de apertura política, estas reformas buscaron racionalizar el ejercicio de la autoridad y reducir los márgenes de arbitrariedad administrative que podían debilitar la cohesión imperial. La producción normativa aparece, así como un instrumento central de gobierno, subordinado a la preservación del orden autocrático (Gridnev, 2022).

La convocatoria de la Comisión Legislativa en 1767 ilustra esta concepción del poder. Aunque integrada por representantes de diversos estamentos sociales, la comisión no tenía autonomía decisoria real, ya que la emperatriz conservaba la autoridad final sobre cualquier reforma. El proceso legislativo funcionó más como un mecanismo de diagnóstico político y social que como un espacio efectivo de deliberación normativa, permitiendo al Estado conocer las demandas internas sin comprometer su estructura de poder (García Fernández, 2003).

En el ámbito administrativo, las reformas impulsadas por Catalina II estuvieron dirigidas a mejorar la eficiencia del aparato estatal y a reforzar la supervisión territorial. La reorganización de provincias y la redefinición de competencias administrativas respondieron a la necesidad de gobernar un territorio extenso y heterogéneo mediante una administración más previsible y jerarquizada. Estas medidas reforzaron la centralización del poder, al tiempo que consolidaron la dependencia de las élites locales respecto de la autoridad imperial (Madariaga, 2002).

Asimismo, la política de tolerancia religiosa y la regulación jurídica de minorías confesionales se inscribieron en una lógica de control social más que de pluralismo político. La intervención del Estado en asuntos eclesiásticos, como el Reglamento de 1769 sobre la Iglesia Católica Romana, evidencia una concepción del derecho como herramienta para integrar la diversidad religiosa dentro de un marco de lealtad al poder imperial, reafirmando la primacía del Estado sobre las instituciones intermedias (Poliakova, 2017). La legislación y la administración bajo Catalina II funcionaron como mecanismos de orden y control, orientados a consolidar la autoridad central sin alterar las jerarquías sociales ni los fundamentos del absolutismo ruso.

Límites estructurales de la modernización imperial

A pesar del impulso reformista en los planos jurídico y administrativo, el gobierno de Catalina II enfrentó límites estructurales que condicionaron profundamente el alcance de la modernización imperial. La racionalización del poder no se tradujo en una transformación sustantiva del orden social, sino que operó dentro de un marco profundamente jerárquico, en el que la estabilidad del Estado dependía del mantenimiento de los privilegios de la nobleza y de la subordinación de amplios sectores de la población (Massie, 2012).

La servidumbre constituye el ejemplo más evidente de estos límites. Aunque Catalina II reconoció, al menos en el plano discursivo, los problemas que este sistema generaba para el orden social y la productividad del Imperio, cualquier intento de reforma se vio bloqueado por la resistencia de la aristocracia, cuyo apoyo resultaba indispensable para la conservación del poder autocrático. En este sentido, la modernización impulsada desde el centro se subordinó a la necesidad de preservar el equilibrio político interno, incluso a costa de profundizar las desigualdades existentes (García Fernández, 2003).

Las tensiones derivadas de esta contradicción se manifestaron de forma explícita en las revueltas campesinas, particularmente en la rebelión de Pugachev. Este levantamiento puso de relieve el descontento social acumulado y evidenció los límites del proyecto ilustrado de Catalina II, que recurrió finalmente a la represión militar como mecanismo de restauración del orden. La respuesta del Estado confirmó que, frente a la amenaza al control imperial, la racionalización administrativa cedía ante el uso de la coerción.

Catalina II como figura de poder político

La figura de Catalina II debe entenderse fundamentalmente como la de una gobernante que construyó y ejerció el poder desde una lógica profundamente pragmática. Más allá de su formación intelectual y de su interés por el pensamiento ilustrado, su práctica política estuvo determinada por la necesidad de conservar la estabilidad del Imperio y de asegurar su propia posición en un sistema caracterizado por la fragilidad sucesoria y la constante amenaza de conspiraciones cortesanas (Massie, 2012).

Catalina concibió el poder como una combinación de autoridad personal, control institucional y gestión simbólica. Su relación con la nobleza, los favoritos y la corte no fue meramente personal, sino una estrategia política orientada a mantener equilibrios internos y neutralizar posibles focos de oposición. La centralidad de la corte como espacio de poder muestra que el gobierno imperial no se sostenía únicamente en estructuras formales, sino también en redes de lealtad y patronazgo cuidadosamente administradas (García Pérez, 2023).

Asimismo, su constante preocupación por la sucesión evidencia una concepción del poder orientada a la continuidad del proyecto imperial más que al respeto estricto de las normas dinásticas. La desconfianza hacia su hijo Pablo y la preferencia por su nieto Alejandro dejan claro una visión del gobierno en la que la capacidad política del soberano se antepone a la legitimidad hereditaria, reforzando el carácter personalista del poder autocrático (Massie, 2012).

En este sentido, Catalina II encarna una forma de ejercicio del poder en la que el discurso ilustrado, la racionalización administrativa y la gestión cortesana se integran en una estrategia coherente de consolidación del Estado imperial ruso.

Consideraciones finales

El ejercicio del poder bajo Catalina II se sostuvo, en última instancia, en la concentración de la autoridad en la figura de la emperatriz y en su capacidad para articular el control político del Imperio. La racionalización administrativa, la producción normativa y la reorganización del aparato estatal no modificaron esa lógica, sino que la reforzaron al dotar al poder autocrático de mayores herramientas de intervención y supervisión. El gobierno imperial continuó dependiendo del control de la corte, de la lealtad de la nobleza y de la gestión directa de los equilibrios internos.

La persistencia de estructuras sociales jerárquicas, la ausencia de límites efectivos a la autoridad soberana y el recurso a la coerción frente a la conflictividad social muestran que el poder no se desplazó hacia formas institucionales autónomas. Por el contrario, se mantuvo anclado en la centralidad de la emperatriz como eje del sistema político. En este contexto, el reinado de Catalina II no alteró el carácter autocrático del Estado ruso, sino que lo reorganizó para hacerlo funcional a un Imperio extenso, diverso y políticamente frágil.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.

Bibliografía

García Fernández, J. (2003). El pensamiento político de la emperatriz Catalina II conforme a la Instrucción de 1767. Revista de Estudios Políticos, (120), 103–145.

García Pérez, F. J. (2023). La corte rusa en vilo: La sucesión de Catalina la Grande. ArqueoTimes, Historia Moderna, 36–39.

Madariaga, I. de. (2002). Rusia en la época de Catalina la Grande. Alianza.

Massie, R. K. (2012). Catalina la Grande: Retrato de una mujer (C. Belza, Trad.). Crítica.

Poliakova, Y. (2017). Reglamento de 1769 de la Iglesia Católica Romana por Ekaterina II (Catalina II). Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 39, 385–402.