El 5 de julio de 1811 el Congreso General de Venezuela, reunido en la entonces capilla del Seminario Santa Rosa de Lima, decidió declarar su absoluta independencia frente a la monarquía española, rompiendo los vínculos políticos administrativos que los habían unido durante 300 años. De esta forma inició un cruento proceso independentista, encabezado por la elite de blancos criollos, que se extendió durante más de una década.

Este transcendental acontecimiento en la historia republicana de Venezuela solo puede ser entendido a plenitud a través del turbulento contexto del Sistema Internacional imperante, cuyas implicaciones resultaron indispensables para el desarrollo de la coyuntura en el nuevo continente.

En el marco de las Guerras Napoleónicas (1803-1815) que reconfiguraron el mapa político europeo, España y el Imperio francés consolidaron su alianza mediante el Tratado de Fontainebleau en 1807, con el objetivo de invadir conjuntamente Portugal y repartir su territorio. Sin embargo, como consecuencia del aumento en las disputas políticas en el seno de la monarquía borbónica entre el ministro Godoy, el rey Carlos IV y el príncipe Fernando, Napoleón comprendió que la inestabilidad de su aliado podría ir en decremento de sus pretensiones expansionistas.  Luego del “motín de Aranjuez” de marzo de 1808, que se tradujo en la coronación de Fernando VII y la solicitud de ayuda de Carlos a los galos para para recuperar su corona, el emperador francés decidió convocar a ambos monarcas a Bayona, donde los convenció de abdicar a cambio de grandes sumas de dinero y promesas de integridad territorial de España.

Los efectos originados por las abdicaciones de Bayona y la posterior coronación de José Bonaparte como rey de España tuvieron gran trascendencia en la península y sus colonias en América. La resistencia española, contraria el reinado josefino, creó la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino (posterior Consejo de Regencia de España e Indias en 1810) conformada por representantes de las Juntas Provinciales de todo el territorio, cuyo fin era ejercer plenos poderes políticos y organizar la lucha contra la invasión napoleónica.

Por su parte, las contradicciones entre las colonias en América y la metrópoli se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII gracias a las reformas modernizadoras propulsadas por la dinastía borbónica tras la Paz de Utrecht (1714). Ante las deficientes prácticas administrativas y los defectos del comercio colonial, los reyes borbones instauraron políticas centralistas para una mejor administración de los recursos. No obstante, las reformas contrariaban las aspiraciones de la aristocracia criolla, cuyo interés tendía a la búsqueda de una mayor autonomía. Las pugnas por el monopolio y la exclusión de criollos de los altos cargos del poder, se tradujeron en un aumento del contrabando y actitudes de resistencia a múltiples medidas administrativas. A pesar de algunos movimientos rebeldes aislados en las colonias contra la metrópoli, las pretensiones autonómicas criollas carecieron de una coyuntura favorable hasta la aparición del Gran Corso y las Abdicaciones de Bayona.

Mientras España libraba una guerra interna contra los intereses imperiales franceses, América se sumergió en sus propias coyunturas políticas y sociales ante las incógnitas provenientes de la metrópoli. Con la ausencia de un rey legítimo, los criollos rechazaron a la monarquía francesa y también a la regencia establecida en Cádiz, dando inicio al proceso Juntista en diversas provincias americanas.

La Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, creada en Caracas en 1810, resultó en consecuencia un mecanismo para el avance autonómico de la aristocracia criolla, conformada por las provincias de Caracas, Barcelona, Margarita, Cumaná, Mérida, Trujillo y Barinas, con excepción de las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana. Así, se prosiguió a llamar a sufragios generales para la elección de representantes de cada provincia, entre octubre y noviembre de dicho año, para la conformación de un Supremo Congreso Constituyente, el cual entró en sesiones el 2 de marzo de 1811.

En dicho evento confluyeron una multiplicidad de intereses y corrientes de pensamientos relacionados al deber ser y el rumbo de acción que debían tomar las provincias ante la situación en la península ibérica. En este sentido, cada bando pretendía como fin último garantizar una situación favorable a los intereses de la elite criolla. En esta diversidad, surgió la Sociedad Patriótica cuya visión pro independentista ganó progresivamente suficiente fuerza en el seno del Congreso hasta lograr engendrar un fenómeno sin precedentes, la creación de una Declaración de Independencia firmada el 5 de julio, que significó la plena intención patriota de romper los lazos con España. Bajo estos parámetros se redactó una Constitución presentada en diciembre, con fuerte influencia de la carta magna estadounidense, con un fuerte carácter republicano y federal, dando lugar al nacimiento de la Primera República de Venezuela.

No obstante, la firma del documento no significó la verdadera consolidación de la Independencia. A pesar de que la Regencia en España, imbuida en sus propios conflictos europeos, fue incapaz de tomar acciones contundentes para erradicar los movimientos insubordinados en sus colonias, los grupos de criollos conservadores y aún fieles a la monarquía arremetieron contra las provincias en rebeldía. Esta primera etapa en la lucha por la Independencia se enmarca entonces entre los años 1811 a 1814, caracterizada por ser una guerra intestina entre el bando patriota y el bando realista.

La magnitud del suceso de aquel 5 de julio sirvió, además, de ejemplo para ser seguido por otras provincias a lo largo del continente, como Colombia (1813); México (1813); Argentina (1816) y Chile (1818), originando repúblicas incipientes.

De esta forma, la Firma del Acta de Independencia no solo representa las disconformidades pujantes entre la elite criolla y la metrópoli. Su trascendencia se debe comprender así mismo como el resultado de los eventos desencadenados en Europa entre las potencias atlánticas y la reconfiguración del mapa político europeo, cuya influencia permitió los cambios sucesivos en América.

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Jorge Hernandez
Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Ex-Directivo y actual miembro investigador de CEINASEG. Con Diplomado para defensores en Derechos Humanos, de la Red Universitaria por los DDHH. Certificado por la UE, la UCV y Consorcio de Desarrollo y Justicia. Parte de la 11va cohorte del programa de formación Lidera.